En un fallo calificado como sentado de precedente por la Fiscalía de Estado de Tucumán, la Justicia condenó a un ex integrante de la Policía Federal por la usurpación de tierras fiscales en El Cadillal. La resolución judicial es considerada una pieza clave para acelerar la recuperación de inmuebles públicos ocupados de manera irregular en las zonas turísticas de la provincia.
El imputado, identificado como Víctor Hugo Arroyo, recibió una pena de **dos años de prisión en ejecución condicional** tras ser hallado culpable de la ocupación ilegítima de un predio estatal de casi 450 metros cuadrados. Además, el fallo le impuso restricciones perimetrales severas que le prohíben acercarse al terreno devuelto al patrimonio provincial.
Un juicio oral inédito para frenar las tomas de terrenos
La causa cobró relevancia institucional debido a que no se resolvió mediante un acuerdo abreviado, sino que llegó a la instancia de juicio oral y público. En el debate, el equipo fiscal logró desmontar la estrategia de la defensa —que alegaba que el acusado actuó bajo la creencia de ser el dueño legítimo— y acreditó la titularidad dominial del Estado tucumano sobre el inmueble.
Este resultado judicial fortalece la posición de la provincia en la mesa de control de loteos y edificaciones sin autorización en la villa turística, donde la presión inmobiliaria informal creció en los últimos años.
Alerta por loteos clandestinos y estafas en la zona
De forma paralela al dictado de la sentencia, la Fiscalía de Estado encendió las alarmas sobre la **proliferación de denuncias por venta ilegal de lotes en El Cadillal**. Organizaciones clandestinas se encuentran comercializando parcelas públicas mediante boletos de compraventa apócrifos y a precios sustancialmente inferiores a los del mercado real.
El fiscal de Estado adjunto, Martín Ferrazzano, advirtió que quienes compran estas parcelas corren el riesgo cierto de **perder la totalidad del dinero invertido**, dado que las operaciones carecen de todo aval jurídico y los inmuebles serán desalojados. Las autoridades confirmaron que profundizarán los operativos territoriales para frenar estas maniobras y llevar a los promotores ante la Justicia penal.
