La crisis política y social en Bolivia sumó un nuevo capítulo con la llegada masiva de manifestantes a La Paz para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz. La protesta terminó con fuertes enfrentamientos, represión policial y decenas de detenidos.
Miles de campesinos, sindicalistas, mineros e integrantes de organizaciones indígenas marcharon hacia la Plaza Murillo, donde se encuentran la sede del gobierno y el Parlamento. Allí fueron frenados por fuerzas de seguridad que utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
La movilización forma parte de una huelga general impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores cercanos al expresidente Evo Morales, quienes responsabilizan al gobierno por el agravamiento de la crisis económica y las políticas de ajuste aplicadas en los últimos meses.
En medio de la tensión, la Fiscalía ordenó la detención de dirigentes sindicales, entre ellos Mario Argollo, principal referente de la COB, acusado de delitos como instigación y terrorismo. Desde los movimientos sociales denunciaron persecución política y prometieron profundizar las protestas.
El escenario se volvió todavía más delicado tras confirmarse al menos cuatro muertes vinculadas al conflicto, además de decenas de heridos y más de 90 personas detenidas.
El gobierno sostiene que detrás de las movilizaciones existen grupos radicalizados y denunció la presencia de sectores armados vinculados a organizaciones campesinas del altiplano. Morales, por su parte, acusó al oficialismo de buscar criminalizar la protesta social y favorecer intereses extranjeros sobre los recursos naturales del país.
La situación también generó preocupación en sectores empresariales y cívicos de Santa Cruz, que reclamaron medidas más duras e incluso pidieron declarar un estado de excepción parcial para contener la crisis.
El trasfondo es económico. Bolivia atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas, marcado por inflación, escasez de combustibles y agotamiento de reservas en dólares. La eliminación de subsidios impulsada por el gobierno profundizó el malestar social y aceleró el deterioro político.
Apenas seis meses después de asumir, Paz enfrenta una presión creciente en las calles y un escenario cada vez más inestable, en un país donde la conflictividad social vuelve a ocupar el centro de la escena política.
