Un juicio atravesado por el bloqueo y la disputa por las garantías
La escena se repitió con tensión creciente en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan: el presidente venezolano Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores volvieron a sentarse frente al tribunal, esta vez con una pregunta flotando sobre todo el proceso: ¿puede haber juicio justo si el propio Estado que acusa impide financiar la defensa?
La audiencia arrancó tarde, con salas colapsadas por la cantidad de periodistas y transmisión en simultáneo para quienes no lograron ingresar. Pero lo sustancial no estuvo en los tiempos ni en las formas, sino en el planteo de fondo. El abogado Barry J. Pollack pidió directamente que se desestimen todos los cargos, apoyado en un argumento preciso: sin acceso a recursos para pagar la defensa, el proceso viola garantías básicas del sistema judicial estadounidense.
La discusión, entonces, se corrió del expediente hacia el terreno constitucional. La defensa sostuvo que el bloqueo de fondos por parte de Washington vulnera el derecho a una representación efectiva. La Fiscalía evitó ese encuadre, pero no logró desplazar el eje del debate. Durante horas, todo giró alrededor de ese punto.
El juez escuchó y resolvió sostener la causa. No cerró la puerta, sin embargo. Dejó planteada una condición: si se comprobara que el gobierno actuó de mala fe al retener los recursos, la decisión podría revisarse. Esa delgada línea, entre una restricción legal y una maniobra deliberada, pasó a ser el nuevo centro del conflicto.
Mientras tanto, Nicolás Maduro y Cilia Flores continúan detenidos desde hace más de 80 días en Brooklyn, sin fecha definida para la próxima audiencia. Afuera, la calle ofreció otra postal: manifestantes con pancartas y tambores sostuvieron durante horas una vigilia que el expediente judicial no registra, pero que forma parte del clima político que rodea al caso.
Antes de que comenzara la audiencia, el presidente Donald Trump volvió a intervenir en el escenario con declaraciones públicas contra Maduro, a quien calificó como “peligroso” y vinculó con el narcotráfico sin presentar pruebas. No fue un dato menor: la acusación llegó antes de que hablara el tribunal. Y, en un proceso atravesado por la discusión sobre garantías, ese gesto suma más ruido que certezas.
