El Poder Judicial de la provincia entra en horas decisivas. Este martes, el Palacio de Tribunales será el escenario de la elección en la Corte Suprema de Tucumán, un proceso institucional clave que definirá quién conducirá los destinos del máximo tribunal durante el próximo bienio.
Si bien se trata de un trámite administrativo interno, la votación de los cinco vocales tiene un peso político enorme: quien resulte electo no solo administrará justicia, sino que encabezará la Junta Electoral para los comicios de gobernador en 2027.
La reunión clave será en el Salón de Acuerdos. Allí se verán las caras los cinco miembros actuales: Daniel Leiva, Claudia Sbdar, Antonio Estofán, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos. La dinámica es estricta y se realiza mediante una sesión secreta. El orden de votación ya está preestablecido por jerarquía y antigüedad: comienza el actual presidente (Leiva), sigue el vocal Decano (Estofán) y continúan Sbdar, Posse y Rodríguez Campos. Vale aclarar que pueden votarse a sí mismos y gana quien obtenga la mayoría simple.
¿Continuidad o renovación?
El contexto de esta votación es particular. Daniel Leiva viene de cumplir dos mandatos consecutivos (asumió en noviembre de 2021 tras la gestión de Sbdar y fue reelegido en 2023). Ahora, el gran interrogante que circula en los pasillos de tribunales es si habrá continuidad o renovación.
Aquí es donde empiezan las especulaciones y el «poroteo». De los cinco integrantes, los únicos que nunca accedieron a la presidencia son Estofán y Rodríguez Campos. Por eso, muchos ponen una ficha en la ex Fiscal de Estado, Eleonora Rodríguez Campos, quien podría perfilarse como una figura de recambio fuerte para esta elección en la Corte Suprema de Tucumán. Sin embargo, nadie descarta que Leiva logre el consenso necesario para encarar un tercer período histórico.
Hoja de ruta: lo que define la elección en la Corte Suprema
Una vez resuelta la cabeza del poder, se deben repartir otros cargos estratégicos para el funcionamiento institucional, como la titularidad del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento, y las representaciones en la Junta Federal de Cortes, la Oficina de la Mujer y la de Violencia Doméstica.
Más allá de los nombres propios, lo que está en juego es la hoja de ruta de la justicia local. El próximo presidente deberá enfrentar desafíos inmediatos, como la consolidación de la digitalización de los expedientes, la implementación de reformas procesales pendientes y, fundamentalmente, el manejo de la relación institucional con el Poder Ejecutivo y Legislativo en tiempos políticos cambiantes. El martes, con la firma de la Acordada, se develará el misterio.
