Asunción amaneció con imágenes que a cualquier argentino le resultan familiares: ahorristas y empleados forcejeando con la policía frente a una sucursal cerrada, a 25 años exactos del corralito. La diferencia, por ahora, es de escala: el conflicto está acotado a Ueno Bank, la entidad que el Banco Central de Paraguay (BCP) clausuró de manera preventiva. Pero las consecuencias políticas ya escalaron hasta el despacho presidencial.
De financiera a gigante digital en tiempo récord
Ueno nació como financiera y creció a una velocidad poco común hasta convertirse en un banco digital masivo con cientos de miles de clientes. En el camino sumó algo más delicado que depósitos privados: fondos públicos y del Instituto de Previsión Social (IPS), el organismo que administra la plata de los jubilados paraguayos. Según medios locales, el IPS tenía colocados allí unos 355 millones de dólares, cerca del 9% de su cartera.
Esa expansión también se veía fuera del sistema financiero: la marca era el principal auspiciante de Cerro Porteño, Olimpia y de la propia Conmebol. En Paraguay, además, se habla con insistencia de la cercanía entre el banco y el presidente Santiago Peña.
Lo que el crecimiento tapaba
El vértigo expansivo ocultó un problema de fondo: la entidad no tenía respaldo suficiente para el volumen de dinero que movía. El cuadro empezó a destaparse el mes pasado, cuando se filtraron memorándums de la Superintendencia de Bancos que señalaban «excesos» en autopréstamos canalizados a través de empresas ligadas al Grupo Vázquez, dueño de Ueno, por montos que —según la información periodística— superaban la liquidez disponible.
Con el ruido instalado en redes y medios, el Estado miró más de cerca y el BCP confirmó lo peor: el banco ya no reunía el capital mínimo exigido. El Grupo Vázquez intentó frenar la sangría con un plan de capitalización de urgencia por 100 millones de dólares, con una primera cuota de 50 millones prevista para los primeros días de noviembre. Llegó tarde.
Todo el directorio, detenido
La causa judicial se abrió de inmediato. Los fiscales ordenaron allanamientos y la detención de la totalidad del directorio. Entre los apresados está Miguel Vázquez, director del banco y presidente del Grupo Vázquez, que terminó entregándose a la Policía Nacional.
Peña tardó 12 horas en hablar
La reacción oficial fue lenta: el mandatario demoró casi medio día en responder mientras la protesta crecía. Primero suspendió su viaje a España a la Cumbre Iberoamericana. Después, tras una larga discusión interna, resolvió todo por Twitter: anunció que le pidió la renuncia a Carlos Carvallo, titular del BCP, y que acordó con ambas cámaras del Congreso tratar una ley para usar el Fondo de Garantía y empezar a pagarles a los ahorristas de inmediato.
En el mismo mensaje prometió que la norma cubrirá los fondos públicos, los del IPS y los de las demás cajas jubilatorias, pidió celeridad a los legisladores, reclamó que el Banco Central informe plazos y mecanismos de devolución, y buscó acotar el daño: sostuvo que se trata del caso puntual de una entidad y no de todo el sistema financiero, y que los responsables deberán responder ante la Justicia sin excepciones.
La oposición ya redacta el juicio político
El gesto no alcanzó. Las protestas siguieron durante la noche y el reclamo por la renuncia de Peña sigue firme en la calle. En paralelo, la oposición trabaja en un borrador de juicio político y busca acuerdos transversales para presentarlo.
El senador opositor Rafael Filizzola planteó en una entrevista radial que el desafío es construir mayorías y subrayó la magnitud del daño: no solo el IPS quedó comprometido, sino millones de clientes. También apuntó directamente al Banco Central: le reprochó haber pedido tranquilidad y espacio para trabajar cuando, a su entender, fue parte central del problema por haber mirado para otro lado durante todo este tiempo.
