La Fiscalía archivó la investigación sobre las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, pese a reconocer que fueron crímenes de lesa humanidad. Las sobrevivientes denuncian décadas de impunidad y anunciaron que apelarán la decisión ante instancias nacionales e internacionales.
“¿Cómo pueden archivar nuestro caso con todas las pruebas que existen?”, cuestionó Ricardina Urbina, campesina de Huancavelica y una de las miles de mujeres esterilizadas sin consentimiento durante el régimen de Fujimori (1990-2000).
La política estatal de esterilizaciones afectó principalmente a mujeres indígenas y campesinas en situación de pobreza. Aunque no existe una cifra definitiva, se estima que cerca de 300.000 mujeres y más de 20.000 hombres fueron víctimas. Al menos 18 mujeres murieron como consecuencia de los procedimientos realizados en condiciones precarias.
Engaños, amenazas y operaciones sin consentimiento
Las sobrevivientes relatan que fueron trasladadas a centros de salud con falsas promesas de alimentos o ayuda social, y que allí las sometieron a ligaduras de trompas sin autorización. En otros casos, el personal sanitario condicionó la atención médica a la aceptación de la intervención.
Dionicia Calderón, de Ayacucho, contó que en 1997 la llevaron a un hospital con el engaño de que recibiría alimentos. Allí, junto con otras mujeres, fue obligada a someterse a una operación. Al despertar, descubrió que había sido esterilizada. Después sufrió una infección y tuvo que vender animales para pagar su tratamiento.
Las denuncias describen una política que imponía cuotas de esterilizaciones al personal de salud, con sanciones para quienes no las cumplían y premios para quienes realizaban más procedimientos. Muchas de las víctimas, que hablaban quechua, firmaron documentos en español que no comprendían.
Un archivo pese a las pruebas
La investigación comenzó en 2002 y fue ampliándose hasta incluir 4.172 víctimas y 52 procesados, entre ellos tres exministros de Salud y el senador fujimorista Alejandro Aguinaga. Alberto Fujimori también estuvo acusado, pero murió en 2024 sin ser juzgado por estos hechos.
El fiscal Jesús Dávila archivó la causa no por falta de pruebas: en su resolución reconoció que las esterilizaciones forzadas estaban acreditadas y constituían crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, aplicó una ley aprobada en 2024 que establece la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002.
La decisión contradice, según los representantes de las víctimas, la jurisprudencia nacional e internacional que impide aplicar esa norma a graves violaciones de derechos humanos. En marzo de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al Estado peruano investigar, juzgar y sancionar a los responsables en el caso de Celia Ramos, una mujer que murió tras ser esterilizada en 1997.
Las víctimas apelarán y acudirán a la justicia internacional
Las organizaciones que representan a las sobrevivientes anunciaron que impugnarán el archivo ante una fiscalía superior y denunciarán el incumplimiento de las obligaciones internacionales de Perú ante la Corte Interamericana.
Rocío Silva Santisteban, directora de Demus, cuestionó la decisión y denunció posibles presiones políticas sobre la Fiscalía. Desde el Instituto de Defensa Legal, el abogado Sigfredo Florián afirmó que existen elementos suficientes para revertir el archivo.
Para las sobrevivientes, la lucha por justicia continúa. Después de más de dos décadas de reclamos, buscan que el cierre de la causa no consolide la impunidad de una política estatal que vulneró los derechos reproductivos de miles de personas.
