El Gobierno nacional oficializó una nueva Política de Inteligencia Nacional, el primer marco estratégico en más de dos décadas para ordenar el funcionamiento del Sistema de Inteligencia. El documento, de 34 páginas, fue aprobado por el Decreto 864/2025, firmado por Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La medida define los ejes que guiarán el accionar de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y obliga a elaborar una Estrategia de Inteligencia Nacional con acciones concretas para su implementación. El anuncio coincide con la renovación de la cúpula de la SIDE.
Un diagnóstico crítico y cinco intereses estratégicos
El texto oficial sostiene que el sistema de inteligencia arrastra un “deterioro relevante” de más de 30 años, que debilitó instituciones y dejó expuesto al país frente a amenazas externas e internas. Cita como antecedentes los atentados a la Embajada de Israel (1992), a la AMIA (1994) y la muerte del fiscal Alberto Nisman.
También cuestiona las intervenciones sobre la AFI desde 2019, que —según el Gobierno— marcaron “un retroceso institucional”. Ese organismo fue disuelto en 2024 y reemplazado por una SIDE reorganizada con cuatro dependencias: el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos.
La nueva política fija cinco intereses estratégicos:
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sostener la soberanía y autonomía nacional,
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proteger la integridad territorial,
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resguardar la vida y los derechos de la población,
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fortalecer la democracia,
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y preservar los recursos estratégicos.
Diez lineamientos para la inteligencia nacional
El decreto detalla diez lineamientos clave que ordenarán el trabajo del sistema:
1. Política exterior y disputa de poder global.
Monitoreo del impacto de la competencia entre potencias en América Latina y detección de riesgos y oportunidades para Argentina.
2. Influencia externa y desinformación.
Identificación de operaciones que puedan afectar procesos electorales, la cohesión social o proyectos estratégicos.
3. Poder integral del país.
Análisis económico, institucional, social, tecnológico y científico, con alerta sobre fuga de talento y dependencia tecnológica.
Malvinas, Antártida y el Atlántico Sur
4.a Proyección antártica.
Seguimiento de actores con intereses geopolíticos o económicos en la región, donde Argentina sostiene presencia ininterrumpida desde 1904.
4.b Atlántico Sur y Malvinas.
Advertencia por el aumento de actividades científicas, militares y logísticas de potencias extrarregionales y la “ocupación ilegítima” de Malvinas.
5. Recursos naturales estratégicos.
Enfoque en litio, gas no convencional, acuíferos y biomas clave, ante presiones de Estados y corporaciones.
Ciberseguridad y tecnologías emergentes
6. Ciberamenazas.
El ciberespacio es definido como un “vector de influencia” y superficie de ataque que facilita operaciones encubiertas.
7. Tecnologías de frontera.
Seguimiento de avances en inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología y sistemas autónomos.
Terrorismo, crimen organizado y contrainteligencia
8. Terrorismo.
Riesgo asociado a redes transnacionales con presencia en zonas de frontera e intercambios informales.
9. Crimen organizado.
Caracterizado como un “poder paralelo” fortalecido por rutas estratégicas y circuitos financieros informales.
10. Contrainteligencia.
Considerada esencial para detectar injerencias y proteger procesos estratégicos del Estado.
