Un grupo de expertos de la concluyó que la detención del expresidente de , , fue arbitraria y pidió al Estado peruano adoptar medidas para reparar la situación. El pronunciamiento reavivó el debate sobre la crisis política y judicial que atraviesa el país.
Según el informe, la privación de la libertad de Castillo presenta irregularidades que comprometen garantías fundamentales, por lo que los especialistas recomendaron revisar su situación y adecuar el proceso a los estándares internacionales de derechos humanos.
El expresidente permanece detenido desde diciembre de 2022, luego de intentar disolver el Congreso antes de una votación que buscaba destituirlo. Ese episodio desencadenó una profunda crisis institucional y una ola de protestas en distintas regiones del país.
El pronunciamiento de la ONU no implica una resolución judicial obligatoria, pero sí constituye una fuerte observación internacional sobre la actuación del Estado peruano y el respeto de las garantías procesales.
Mientras los abogados de Castillo celebraron el informe como un respaldo a sus denuncias, las autoridades peruanas sostienen que el exmandatario enfrenta un proceso ajustado a la legislación nacional y que la Justicia actúa con independencia.
El caso continúa generando divisiones dentro de la política peruana. Para algunos sectores, la detención responde a la defensa del orden constitucional; para otros, evidencia un uso político del sistema judicial.
Con este nuevo pronunciamiento, la situación de Pedro Castillo vuelve a instalarse en la agenda internacional, mientras Perú continúa enfrentando las consecuencias de una crisis política que aún no encuentra una salida definitiva.
