La medida cautelar ordena detener la publicación de grabaciones en cualquier medio o red social.
El fallo judicial y la postura del Gobierno
El Gobierno nacional logró que la Justicia dicte una medida cautelar para bloquear la difusión de nuevos audios vinculados a la supuesta trama de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La resolución del juez Patricio Alejandro Maraniello ordena el cese inmediato de la publicación de las grabaciones realizadas dentro de la Casa Rosada.
“El caso no es de libertad de expresión, sino de una grave violación a la privacidad institucional”, expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta en X.
Qué dicen los audios y por qué preocupa su difusión
En los audios ya filtrados se escucha a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en reuniones dentro de la Casa de Gobierno. Aunque no aparecen menciones directas a delitos, se especula con la existencia de casi una hora de material que podría complicar políticamente a la hermana del Presidente.
El Gobierno denunció ante la Justicia una “operación de inteligencia ilegal” con el objetivo de desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña electoral. Según Adorni, no se trató de una filtración espontánea, sino de un ataque “planificado y dirigido”.
Cruce con periodistas y debate por la libertad de prensa
Desde el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich solicitó allanar a periodistas que difundieron los audios, entre ellos Mauro Federico, Fabián Doman y Jorge Rial. El argumento oficial es que la publicación viola la Ley de Inteligencia Nacional.
Sin embargo, la Constitución protege el secreto de las fuentes periodísticas (artículo 43), lo que abre un debate sobre el equilibrio entre seguridad institucional y libertad de prensa.
La resolución final
El juez Maraniello determinó que la prohibición solo aplica a los audios atribuidos a Karina Milei grabados en la Casa Rosada y denunciados el 29 de agosto de 2025. El magistrado aclaró que la decisión no implica censura previa, sino que busca resguardar “la especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos”.
