Donald Trump sufrió una de las derrotas judiciales más importantes de su segundo mandato. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó su intento de eliminar la ciudadanía por nacimiento, manteniendo vigente un derecho constitucional con más de 150 años de historia.
Con una votación de 6 a 3, el máximo tribunal anuló la orden ejecutiva firmada por Trump al regresar a la Casa Blanca, con la que buscaba impedir que hijos de inmigrantes indocumentados o de personas con visas temporales accedieran automáticamente a la ciudadanía estadounidense al nacer en territorio norteamericano.
El fallo ratifica la vigencia de la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos es ciudadana del país.
La decisión representa un freno contundente a una de las principales banderas migratorias de Trump, quien desde hace años sostiene que la ciudadanía por nacimiento funciona como un incentivo para la inmigración irregular.
Tras conocerse la sentencia, el mandatario criticó el fallo y aseguró que buscará modificar la legislación a través del Congreso, aunque especialistas coinciden en que cambiar este principio constitucional sería extremadamente difícil.
Desde organizaciones de derechos civiles y colectivos migrantes celebraron la resolución como una victoria histórica. Para estos sectores, el fallo no solo protege un derecho constitucional, sino que también frena un intento de reinterpretación restrictiva de uno de los pilares del sistema legal estadounidense.
La sentencia, redactada por el juez John Roberts, remarcó que la ciudadanía por nacimiento forma parte de una promesa histórica de igualdad y protección de derechos.
En contraste, los jueces conservadores que votaron en contra sostuvieron que el criterio actual amplía demasiado el alcance de la enmienda constitucional.
El revés judicial tiene además una fuerte carga política. Trump convirtió este tema en una prioridad desde su campaña y lo posicionó como uno de los ejes centrales de su política migratoria.
Incluso había asistido personalmente a una audiencia en la Corte Suprema, un hecho inusual para un presidente en funciones y leído por muchos como una señal de la importancia que le asignaba al caso.
Con este fallo, la Corte envía un mensaje contundente: la ciudadanía por nacimiento sigue siendo un derecho constitucional y no puede modificarse por decreto presidencial.
Para Trump, se trata de una derrota de peso. Para sus detractores, de una decisión que reafirma límites institucionales frente al poder ejecutivo.
