Durante dos semanas, estudiantes secundarios bloquearon establecimientos y salieron a las calles para reclamar más docentes, mejores condiciones y cambios en el acceso a la educación superior.
Francia atraviesa una creciente movilización estudiantil que comenzó con reclamos por las condiciones de los establecimientos educativos y terminó convirtiéndose en uno de los principales focos de conflicto social del país. Después de dos semanas de bloqueos y manifestaciones, el Gobierno de Sébastien Lecornu abrió una instancia de diálogo con representantes de estudiantes y familias, mientras continúan las protestas.
Los principales reclamos están vinculados con la falta de docentes, las aulas sobrecargadas, la ausencia de reemplazos para profesores y el deterioro edilicio de numerosos establecimientos. Los estudiantes también cuestionan Parcoursup, el sistema implementado en 2018 para regular el acceso a los estudios superiores, y reclaman su eliminación.
Del bloqueo de colegios al diálogo
El ministro de Educación, Édouard Geffray, recibió este viernes a una delegación de estudiantes secundarios y representantes de padres. Allí se comprometió a acelerar el reemplazo de docentes ausentes, especialmente en las clases donde los alumnos deben rendir exámenes.
El Gobierno también anunció que el proyecto de presupuesto para 2027 contempla 1.100 millones de euros adicionales para educación, un incremento que contrasta con el programa general de reducción del gasto público. El Ejecutivo busca recortar unos 54.000 millones de euros, según la cobertura de Página/12.
La presión de las movilizaciones también produjo una modificación concreta: el Gobierno retiró la propuesta de establecer nuevos aranceles para determinados estudios superiores. El proyecto contemplaba pagos anuales de 178 euros para estudiantes de BTS y de 270 euros para quienes cursaran clases preparatorias para las grandes escuelas.
Sin embargo, permanece en discusión el congelamiento de las ayudas para alquileres (APL), una asistencia especialmente relevante para estudiantes universitarios.
Casi 2.000 detenidos
La respuesta inicial del Gobierno estuvo marcada por una fuerte presencia policial. Según el Ministerio del Interior, desde el comienzo de las protestas se produjeron 1.949 detenciones. También se registraron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad y daños en distintos establecimientos.
Página/12 señala además que hubo estudiantes heridos durante la represión y recoge denuncias sobre lesiones provocadas por proyectiles utilizados por las fuerzas de seguridad. Estos episodios se produjeron en un contexto en el que el ministro del Interior, Laurent Nuñez, pidió a las autoridades locales garantizar el restablecimiento del orden.
El Ministerio de Educación informó que 735 establecimientos secundarios estaban afectados por las medidas de fuerza este viernes, después de que el día anterior se registraran perturbaciones en más de un millar de centros.
El Gobierno apunta contra La Francia Insumisa
La protesta también abrió una disputa política. El Gobierno de Lecornu responsabilizó a La Francia Insumisa (LFI) y a grupos de izquierda radicalizados por parte de la movilización. Desde el principal sindicato estudiantil, la Union Syndicale Lycéenne, rechazaron esa interpretación y sostuvieron que los estudiantes son responsables de organizar sus propias protestas.
Jean-Luc Mélenchon, líder de LFI, también negó que su espacio controle el movimiento y afirmó que las movilizaciones se organizan de manera autónoma. Página/12 recoge además sus cuestionamientos a las políticas educativas implementadas durante los años de gobierno de Emmanuel Macron.
Una protesta que se conecta con el ajuste
El conflicto estudiantil coincide con una ola de movilizaciones más amplia. El 29 de septiembre, empleados públicos realizaron una huelga y manifestaciones contra el proyecto presupuestario, mientras los bomberos mantienen sus propios reclamos por recursos y personal.
El proyecto de presupuesto para 2027 contempla congelamientos salariales y de determinadas prestaciones, además de modificaciones en las ayudas estudiantiles y de vivienda. El Gobierno sostiene que las medidas son necesarias para reducir el déficit público, mientras sindicatos y sectores de la oposición cuestionan el impacto social del ajuste.
Los estudiantes ya anunciaron una nueva jornada de huelga para el martes 6 de octubre, a la que prevén sumarse organizaciones sindicales docentes. La protesta, que comenzó alrededor de las condiciones de las escuelas, queda así vinculada a una discusión más amplia sobre el financiamiento de los servicios públicos y el alcance del ajuste presupuestario francés.
