A partir del 20 de agosto, el Departamento de Estado de EE.UU. pondrá en marcha un programa piloto que podría exigir una fianza de hasta U$S 15.000 a solicitantes de visas de turismo (B-2) y negocios (B-1). La medida, que durará 12 meses, apunta a reducir la permanencia ilegal de visitantes de países con altos índices de sobreestadía o sistemas de verificación de identidad débiles.
El dinero, que en la mayoría de los casos será de U$S 10.000, se devolverá si el viajero cumple con los plazos de su visa, pero se perderá si excede su estadía.
¿Quiénes estarán afectados?
La fianza se aplicará a ciudadanos de países con tasas elevadas de permanencia ilegal o que ofrezcan ciudadanía por inversión sin requisitos de residencia. Aunque la lista de naciones no se publicó aún, se anunciará antes de que el programa entre en vigencia.
Los países del Programa de Exención de Visas, como los de la Unión Europea, no estarán sujetos a esta medida, y habrá excepciones según casos individuales. Esta iniciativa busca aliviar la carga financiera del gobierno ante incumplimientos migratorios, en un contexto donde más de 500.000 personas excedieron sus visas en 2023.
Más trabas en la política migratoria de Trump
La propuesta se suma a un endurecimiento general de los controles migratorios bajo la administración de Donald Trump. Además de la fianza, desde octubre se cobrará una “tarifa de integridad de visa” de U$S 250, y muchos solicitantes ahora deberán pasar por entrevistas presenciales para renovar sus visas, un requisito antes no obligatorio. Estas medidas, junto con restricciones de ingreso a ciudadanos de países como Haití o Yemen, reflejan una política de “tolerancia cero” que podría impactar el turismo, un sector que aporta U$S 254.000 millones al año a EE.UU.
