El litigio por la expropiación de YPF arrastra una década y entra en etapas decisivas, con posibles embargos y sanciones que complican aún más la economía del país.
El origen del conflicto y la millonaria condena
Todo empezó en 2012, bajo el mandato de Cristina Kirchner, cuando se expropió YPF de manera controvertida. Hoy, en un tribunal de Nueva York, la jueza Loretta Preska dictó una sentencia que obliga a Argentina a pagar 16 mil millones de dólares, que con intereses ya suman 18 mil. Un monto imposible para un país que batalla por acumular reservas. La apelación tendrá su primera audiencia a fines de octubre, justo después de las elecciones legislativas, mientras Burford Capital, el fondo principal involucrado, presiona por negociaciones que el Estado rechaza hace años.
La pelea por las acciones de YPF
Burford quiere equiparar a YPF con el Estado argentino para facilitar cobros y embargos. Pidieron el 51% de las acciones que tiene el Gobierno, y Preska ya avaló esa transferencia. Argentina apeló, y el 25 de septiembre se escucharán los argumentos. Si la Cámara no frena esto o pide otras garantías, el caso podría llegar a la Corte Suprema de EE.UU. No cumplir podría derivar en desacato, con multas y trabas para inversiones o emisiones de deuda.
Riesgos de desacato y un futuro incierto
Recordemos 2014, cuando un juez neoyorquino multó al país por un lío con fondos buitre. Ahora, las sanciones podrían ser peores, dañando la imagen internacional. El Gobierno, a través de la Procuración del Tesoro liderada por Santiago Castro Videla, guarda silencio sobre su plan. Burford hasta contrató a Gerardo Mato para acercar al equipo de Javier Milei, pero un acuerdo parece lejano. Cada día suma intereses, y pronto habrá que decidir: ¿acciones de YPF, bonos o qué? Este fallo podría redefinir cómo Argentina se para ante la justicia financiera global.
