La Justicia bonaerense suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La decisión fue tomada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, tras hacer lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo.

La medida llegó apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los adolescentes pueden quedar alcanzados por el sistema penal. Según la magistrada, la provincia no cuenta actualmente con la infraestructura, los recursos ni los dispositivos necesarios para afrontar el posible incremento de jóvenes privados de su libertad.

La advertencia de la jueza

Pascual defendió públicamente su resolución y cuestionó que la ampliación del sistema penal implique, por sí sola, una mejora en materia de seguridad.

“Con esta ley no vamos a crear más seguridad”, sostuvo. La jueza explicó que el problema no pasa solamente por la cantidad de adolescentes que podrían ingresar al sistema, sino también por las condiciones en las que cumplirían las medidas de encierro.

En ese sentido, advirtió que el hacinamiento, la falta de educación, capacitación laboral y tratamiento pueden profundizar los niveles de violencia, en lugar de favorecer la reinserción. “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia puede llegar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, planteó.

La magistrada también remarcó que su postura no implica desconocer la gravedad de los delitos cometidos por menores. “No romantizo a los chicos que salen con un arma”, señaló, al tiempo que sostuvo que el Estado debe garantizar tanto los derechos de los adolescentes como la seguridad de la comunidad.

Una audiencia clave

La suspensión es preventiva y temporal: no elimina ni declara inválida la Ley 27.801. Durante estos 60 días, las autoridades bonaerenses deberán informar qué medidas adoptaron y cuáles prevén implementar para adecuar el sistema.

Por eso, el próximo 16 de septiembre habrá una audiencia en la que funcionarios provinciales deberán explicar la situación de los centros de alojamiento, los recursos disponibles y los plazos previstos para poner en marcha las herramientas que establece la nueva normativa.

Denuncia contra la jueza

La decisión también abrió un nuevo frente judicial y político. Usina de Justicia denunció penalmente a Pascual por presunta usurpación funcional y abuso de autoridad. La organización cuestionó que una jueza provincial haya suspendido la aplicación de una ley sancionada por el Congreso y sostuvo que la medida podría afectar la división de poderes.

La entidad también se presentó como amicus curiae en la causa y reclamó que se tenga en cuenta la perspectiva de las víctimas de delitos.

Mientras crece la disputa, la discusión sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil suma así otro capítulo: entre quienes defienden la baja de la edad de punibilidad como una herramienta de seguridad y quienes advierten que, sin infraestructura y políticas de reinserción, el mayor encierro puede terminar agravando el problema.

Paro universitario: docentes y nodocentes paran contra la oferta del Gobierno

Docentes y trabajadores nodocentes de las universidades nacionales realizan este martes un paro de 24 horas en rechazo a la propuesta salarial del Gobierno nacional. Los gremios consideran insuficiente el aumento ofrecido y reclaman una recomposición que permita recuperar el poder adquisitivo perdido.

La medida fue ratificada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que reúne a FEDUN, FATUN, CONADU, CONADU Histórica, CTERA, FAGDUT y UDA. La huelga afecta el dictado de clases, las tareas de investigación y distintas actividades administrativas en las universidades públicas de todo el país.

El conflicto se profundizó después de la última reunión paritaria. El Gobierno ofreció un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, una propuesta que fue rechazada por las organizaciones sindicales. Para los gremios, el porcentaje no alcanza para compensar el atraso salarial acumulado y, además, parte de la suba de octubre ya había sido acordada previamente.

Desde el sector universitario reclaman una recomposición del 31,2%, correspondiente al atraso acumulado hasta julio, además de la actualización por la inflación de agosto. También exigen mecanismos de actualización salarial, la restitución del FONID, mejoras para el personal nodocente y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

La respuesta gremial fue contundente. Tras la propuesta oficial, las federaciones calificaron el ofrecimiento como insuficiente y cuestionaron al Gobierno por no dar respuestas frente al deterioro de los salarios universitarios. En ese marco, las organizaciones anticiparon que el conflicto continuará con nuevas medidas de fuerza.

El plan de lucha ya tiene nuevas fechas: para el 15 de septiembre se anunció una jornada nacional de clases públicas bajo la consigna “La universidad en la calle”. Además, los gremios preparan una nueva Marcha Federal Universitaria para la primera semana de octubre.