El gobierno de Javier Milei puso en marcha la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país. A través del decreto 695/2025, se ofrece el 44% de las acciones estatales, reservando el 51% para el Estado y el 5% para los trabajadores.
NA-SA no es cualquier empresa: gestiona las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse, genera el 7% de la energía eléctrica nacional y durante el primer trimestre de 2025 obtuvo un superávit de $17.000 millones. Además, tiene la capacidad de planificar y construir futuras centrales nucleares, representando un pilar del desarrollo tecnológico argentino.
Diego Hurtado, físico del CONICET y ex vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, calificó la medida como un «escándalo de entrega de recursos» y trazó un paralelismo con los desmantelamientos de los años 90. «Equipo que gana no se toca», afirmó, refiriéndose al carácter superavitario de la empresa.
Nicolás Malinovsky, ingeniero de NA-SA, advirtió que la privatización «perjudicará a la sociedad argentina en su conjunto y será una traba para pensar un proyecto de desarrollo nacional con industria».
Entre la ideología y la deuda externa
La privatización navega entre dos aguas: la posición ideológica de Milei de reducir el Estado y la necesidad de dólares para enfrentar los compromisos con el FMI y el Tesoro estadounidense. Los rescates financieros por US$40.000 millones llegaron con la exigencia de avanzar en privatizaciones para sostener el ajuste fiscal.
Mientras la tendencia mundial es fortalecer la energía nuclear estatal, Argentina va a contramano. La oposición logró media sanción para declarar al sector nuclear como bien público estratégico, pero el gobierno avanza con su plan de transferir casi la mitad de la empresa a capitales privados, poniendo en riesgo 75 años de desarrollo nuclear nacional.
