Este viernes, el Senado tratará dos proyectos clave para el Gobierno de Javier Milei: la Reforma Laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil. La jornada se desarrolla en medio de manifestaciones y un fuerte operativo de seguridad en las inmediaciones del Obelisco, donde hubo represión a quienes protestaban contra las iniciativas.
Será la última sesión extraordinaria antes de la apertura de ordinarias del 1° de marzo, y en el oficialismo descuentan que ambas leyes serán aprobadas.
Reforma laboral: cambios y concesiones para asegurar los votos
La Casa Rosada llega al debate tras negociar con sectores del PRO y del peronismo dialoguista. El punto más polémico, el artículo 44 que habilitaba descuentos de hasta el 75% del salario en caso de licencias médicas, fue eliminado en Diputados y no forma parte del texto que se votará.
También se retiró el capítulo fiscal que reducía el impuesto a las Ganancias para grandes empresas, una medida que impactaba en la recaudación provincial. Sin embargo, el Gobierno logró mantener el 6% destinado a las obras sociales sindicales, moderar los cambios sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) vinculado a indemnizaciones y sumar como anexo el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires.
Régimen Penal Juvenil: imputabilidad desde los 14 años
El otro eje central del debate es el nuevo régimen penal juvenil. La propuesta impulsa bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y establecer penas de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.
Para delitos con penas menores a 10 años, se prevén alternativas como servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño, prohibición de acercamiento a la víctima y restricciones para conducir.
El proyecto también contempla la creación de institutos especializados para menores, con personal capacitado en infancia y adolescencia, acceso garantizado a educación y salud, y prohibición de convivencia con detenidos adultos. Además, habilita la suspensión del juicio a prueba y la mediación en casos leves, y refuerza el rol de las víctimas dentro del proceso penal juvenil, asegurando su derecho a ser informadas, escuchadas y asistidas.
