Amnistía polémica: retroceso para la justicia en Perú
El gobierno de Dina Boluarte promulgó una ley de amnistía en agosto pasado que beneficia a militares, policías y miembros de los comités civiles de autodefensa implicados en delitos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. Esta norma ordena incluso la excarcelación de condenados mayores de 70 años, e impacta directamente en cerca de 150 sentencias y 600 procesos judiciales en curso.
La Corte IDH frena la norma y estalla el conflicto legal
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que los jueces del Perú se abstengan de aplicar esta ley de amnistía hasta emitir un fallo definitivo. Sin embargo, el gobierno respondió duramente: calificó la medida como «inaceptable» y advirtió sobre la posibilidad de revisar su continuidad en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Soberanía en juego: camino hacia una salida del sistema interamericano
En su defensa, Boluarte argumentó que la Convención Americana establece que el sistema tiene un carácter subsidiario y no puede intervenir mientras no se agoten las vías internas. Además, adelantó que se evalúa abandonar el Pacto de San José, lo que situaría a Perú junto con Venezuela, Nicaragua y Trinidad y Tobago como países desvinculados del sistema regional.
Rechazo social y legal: voces contra la impunidad
Organismos de derechos humanos, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, advirtieron que la amnistía borra años de lucha por justicia y verdad. Más aún, se denunció que pone en riesgo cientos de condenas y juicios simbólicos como los de Barrios Altos y La Cantuta.
